Los proyectos ya fueron ingresados a la Cámara de Diputadas y Diputados. Buscan aportar herramientas para frenar la violencia que padecen los santafesinos y santafesinas. “Necesitamos acordar políticas de Estado en materia de seguridad que trasciendan a los gobiernos”, afirmaron.

El bloque de diputadas y diputados del Partido Socialista presentaron un paquete de proyectos de Ley que buscan aportar herramientas y actualizar normas para hacer frente a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, en especial a la ciudad de Rosario, con el objetivo de aportar soluciones a una problemática que se viene complejizando día a día. Las iniciativas se dieron a conocer mediante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Clara García, Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Esteban Lenci, Claudia Balagué, Erica Hynes y Rosana Bellatti, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías.

“Presentamos un conjunto de iniciativas que conllevan marcos legales y acciones de gobierno indispensables para implementar en el poco tiempo que queda de esta gestión, pero que creemos ayudarán a abordar la situación, trascendiendo a los gobiernos”, sostuvo Clara García, y agregó: “Con responsabilidad como actual oposición, y lejos de basarnos en frases vacías o en eslogan sin contenido, venimos a proponer leyes para la seguridad, para la justicia, para la relación con los municipios y comunas, para el abordaje social, para la economía del delito”.

“No es fácil gobernar, a veces por desconocimiento, a veces por irresponsabilidad. En primer lugar, le pedimos al gobernador (Omar Perotti) que invierta los 15.000 millones de presupuesto que tiene para seguridad en 2022, del que solo lleva ejecutados 600 a Mayo, según los escasos informes publicados. Pero, además, hemos tenido tres cambios de ministro de Gobierno, tres de ministro de Seguridad, cinco cambios de jefe del Servicio Penitenciario y 10 del jefe de Policía en Rosario; eso denota la falta de un plan, de una línea de conducción, de una política de Estado en materia de seguridad”, cuestionó García.

“Tenemos una violencia que viene de hace años, pero en la gestión anterior habíamos avanzado en tres frentes: la justicia penal, que hoy padece la falta de designación de jueces y fiscales; el control político de la Policía, con mucha inversión en formación y equipamiento; y la cuestión social con el Plan Abre, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar. Toda esa contención había logrado bajar los niveles de violencia. Hoy los homicidios en Rosario ya superaron la mayor cifra máxima anual”, argumentó.

“También vemos una actitud muy poco exigente con el gobierno nacional. No existe una mesa de inteligencia criminal para los delitos complejos; faltan jueces, fiscales y fuerzas de seguridad federales, así como lugares de reclusión y controles especiales para los presos de alto perfil. Creíamos que al ser dos gobiernos del mismo signo íbamos a ver algún avance, pero hasta ahora Santa Fe sigue postergada”, sostuvo.

Cattalini, por su parte, coincidió en que “la situación que se vive en la provincia todos y los días convoca a todos a diseñar de manera urgente una nueva política de seguridad pública y ciudadana. Estamos convencidos de que una buena política de seguridad se lleva adelante con la Policía, pero para ello hay que reconocer a los buenos agentes controlar a los que ejercen malamente su función. De todas formas, con la Policía no alcanza si no tenemos una política social, si no modificamos el sistema penitenciario, si no abordamos el lavado de activos, es decir, una política multiagencial sin la cual es muy difícil lograr resultados. Por eso estamos presentando, entre otras iniciativas, una que crea un sistema de seguridad por todos los actores involucrados”, explicó la legisladora, quien también hizo foco en la necesidad de control: “Proponemos un sistema externo que controle, investigue y sanciones las malas conductas de lo policías, que también sirva para detectar patrones e introducir mejoras”.

Farías, en tanto, remarcó que las iniciativas presentadas “buscan dar respuesta a una situación muy grave que se da después de dos años y diez meses de la gestión de Perotti. Por eso tenemos que pensar en cómo llevar adelante el tema seguridad hacia adelante y eso va a requerir de consensos que nos permitan delinear una verdadera política de Estado. Por eso es importante abordarlo antes de que se inicien las campañas electorales. Es una crisis que no se puede enfrentar desde un solo partido político o desde la acción aislada de un gobierno. Por eso hacemos nuestro aporte para conformar una base sobre la cual comenzar a definir esas políticas”.

Blanco, a su vez, mencionó las idas y vueltas del gobierno en cuanto a los proyectos de ley en materia de seguridad e instó a “construir un marco serio de políticas que tengan continuidad en el tiempo. Estas son las herramientas que propone el socialismo”.

Uno de los proyectos propone crear la Agencia de Prevención y Reducción de Violencias. Al respecto, Lenci remarcó que es una “herramienta que posibilitaría disminuir esos índices, como se vio desde el año 2013 al 2019, con la implementación de programas sociales y la convocatoria de los gobiernos locales, el MPA y otros organismos. Esto se abandonó y hoy vemos como los barrios más vulnerables vuelven a sufrir los más altos niveles de violencia. Por eso presentamos estos proyectos para trazar un camino que pueda sostenerse en el tiempo”.

Balagué, en tanto, afirmó que “una política de seguridad no puede estar alejada de la política social” e hizo hicapié en la necesidad de proteger a la primera infancia: “Es fundamental contar con un sistema de cuidados y enseñanza para que los niños y niñas no se conviertan en víctimas de la crisis de violencia e inseguridad que estamos atravesando”.

Además de las diputadas y diputados del bloque Socialista presentes en la conferencia, las siete iniciativas cuentan con el acompañamiento del resto de sus integrantes: Lorena Ulieldín, Gisel Mahmud, María Laura Corgniali, José León Garibay, Nicolás Aimar y Pablo Pinotti.

LOS PROYECTOS

1. Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana
Establece los principios rectores sobre cómo será el trabajo coordinado de todos los actores, públicos y privados de la provincia -fuerzas de seguridad, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Servicio Público de la Defensa, justicia federal, gobierno nacional, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil- para abordar la violencia y los conflictos sociales.

“La provincia debe tener una ley donde quede plasmado el marco y los principios generales de la seguridad democrática en manos del poder político y el Poder Ejecutivo que tendrá la obligación de coordinar con los otros poderes del Estado”, manifestó Cattalini.

El proyecto, además, formaliza por ley el funcionamiento de la Junta Provincial de Seguridad y propone la creación de la Agencia Provincial para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego.

2. Control disciplinario de las fuerzas de seguridad
“Proponemos una ley que tipifica las faltas policiales de manera diferente. Hoy no hay incentivos para el personal policial pero tampoco funcionan los mecanismos de control. Las sanciones o destituciones a policías estarían, de aprobarse esta ley, a cargo de un tribunal de conducta compuesto por el MPA, el Poder Ejecutivo, universidades, y legisladores. Y se crearán también dos órganos nuevos, uno para la investigación de los hechos y otro para la defensa policial”, expresó la legisladora socialista.

La externalidad del control disciplinario tiene por objetivo instituir un mecanismo democrático, autónomo, transparente y eficaz mediante la prevención, investigación, y eventual sanción de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias serán conocidas, investigadas y juzgadas, y los delitos cometidos serán debidamente identificados y denunciados a la justicia.

3. Modernización y reforma del Servicio Penitenciario
La ley vigente es de 1978. El proyecto crea una comisión bicameral que funcionará por 180 días y una vez terminado ese plazo elevará al Poder Ejecutivo un informe final de carácter público con propuestas estratégicas para la mejora integral de este servicio público. La comisión tendrá entre sus objetivos, además, establecer lineamientos para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y nuevos estándares para el monitoreo y evaluación del servicio, así como también promover acciones de prevención y lucha contra la corrupción en los funcionarios públicos.

“Es necesario repensar el Sistema Penitenciario, por eso proponemos crear una comisión Bicameral para el estudio y análisis de la situación. La comisión tendrá facultades de generar nuevas normas y armar sistema de información propia en el ámbito del servicio penitenciario que permitan prever y evitar delitos que se originan desde las cárceles”, dijo Cattalini.

4. Centro de Análisis de Información Penitenciaria
El nuevo organismo brindará herramientas para la gestión de políticas penitenciarias. Centralizará material informativo estratégico con el objetivo de prevenir situaciones que afecten a la seguridad interna y pública. Entre sus funciones, deberá detectar a reclusos, visitas ó personal interno que planeen involucrarse o esté involucrado en situaciones delictivas. Evaluará a los internos según representen riesgo de fuga, de pertenencia a algún grupo de crimen organizado, o que dirijan actividades delictivas dentro del establecimiento, para adecuar el nivel de seguridad donde deben ser alojados.

5. Agencia de Prevención y Reducción de Violencias
Tendrá rango de secretaría de Estado, con personería jurídica propia, autarquía administrativa y financiera. Buscará generar un nuevo rol gubernamental que, en forma sistematizada y permanente, realice un análisis y seguimiento de las problemáticas relacionadas a las violencias en cada territorio priorizado; genere e implemente políticas públicas tendientes a prevenir y/o a disminuir los distintos tipos de violencias; y articule programas y acciones con los diferentes órganos y estamentos estatales, y de la sociedad civil.

6. Registración de Contratos de Fideicomiso
Busca garantizar el seguimiento estatal suficiente a este tipo de negocios, así como de los capitales que lo componen, y los sujetos que interactúan y los constituyen. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, busca corregir el vacío legal que hoy existe para la generación de patrimonios provenientes de actividades ilícitas, desde capitales no declarados hasta aquellos derivados de estructuras criminales.

7. Sistema Provincial para el Cuidado y la Educación en las Infancias (SIPCEI)
Este proyecto constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada al cuidado, la educación temprana y la educación obligatoria de niñas y niños desde los 45 días hasta los 7 años de edad. Entre sus objetivos está garantizar la integración plena de todos los niños y niñas en el sistema educativo; promover el aprendizaje y desarrollo de los mismos como sujetos de derecho y partícipes activos/as de un proceso de formación integral junto a las familias y la comunidad; atender a cada niño o niña en su singularidad e identidad, respetando la diversidad cultural y territorial; diseñar y planificar estrategias participativas de intervención pedagógica, y acuerdos institucionales para la flexibilización en la organización del tiempo didáctico, los tiempos y formas de la evaluación.

Compañeros y compañeras del Partido Socialista llenaron el salón del Mercado del Patio y llamaron a trabajar en unidad para ofrecer los mejores hombres y mujeres como candidatos en todas las categorías provinciales en el 2023

En ese marco, la diputada provincial Clara García abrió los discurso señalando que el 9 de Julio “es una fecha patria que muchos han intentado vaciar de contenido y otros han querido convertir en una propiedad partidaria. Nosotros reivindicamos a la Nación y a su independencia y este locro expresa la pasión socialista”, afirmó. Por otro lado, se refirió a que “en el último tiempo se observa claramente un clima de cambio, y hay un nuevo aire progresista en la región”; y enfatizó que “también ese aire de cambio se respira en Santa Fe, porque los santafesinos vieron la gran diferencia entre lo que están viviendo y las gestiones del Frente Progresista”. “La fuerza para recuperar Santa Fe está acá, y lo vamos a hacer sin resignar nuestros valores y nuestros principios, con nuestra juventud, nuestros intendentes y presidentes de comunas, nuestros diputados provinciales y nacionales, nuestros equipos y nuestros militantes”, exclamó para cerrar.

En ese marco, la diputada provincial Clara García abrió los discurso señalando que el 9 de Julio “es una fecha patria que muchos han intentado vaciar de contenido y otros han querido convertir en una propiedad partidaria. Nosotros reivindicamos a la Nación y a su independencia y este locro expresa la pasión socialista”, afirmó. Por otro lado, se refirió a que “en el último tiempo se observa claramente un clima de cambio, y hay un nuevo aire progresista en la región”; y enfatizó que “también ese aire de cambio se respira en Santa Fe, porque los santafesinos vieron la gran diferencia entre lo que están viviendo y las gestiones del Frente Progresista”. “La fuerza para recuperar Santa Fe está acá, y lo vamos a hacer sin resignar nuestros valores y nuestros principios, con nuestra juventud, nuestros intendentes y presidentes de comunas, nuestros diputados provinciales y nacionales, nuestros equipos y nuestros militantes”, exclamó para cerrar.

En tanto, el ex gobernador Antonio Bonfatti, lamentó que “un país con todos los recursos naturales y la capacidad de sus empresarios y trabajadores, carezca de propuestas y proyectos, y nadie discuta como salir adelante con políticas de Estado, a mediano y largo plazo”. Al respecto, recordó “los planes estratégicos, que elaboramos escuchando a la gente porque gobernamos con diálogo, con consenso, buscando el equilibrio. Tenemos que seguir por ese camino para recuperar la provincia, el camino del acuerdo, de la convocatoria, de la escucha y, fundamentalmente, de no aflojar con nuestras convicciones e ideales”.
“Hay que seguir por el camino -finalizó- de la construcción de consensos con un frente con valores progresistas en dónde podamos acordar propuestas para sacar a Santa Fe adelante y recuperar la provincia”.

A su turno, Mónica Fein, diputada nacional y presidenta del Partido Socialista de Argentina, rescató “la fuerza, la alegría y las convicciones de las y los jóvenes socialistas que construyen este partido todos los días” y advirtió que
“ante un gobierno nacional perdido en su interna, sin proyecto y sin plan, la Patria tiene futuro porque el socialismo es parte de la construcción de una sociedad más justa, con más igualdad y libertad, como lo demostraron Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz”, reivindicó. “El futuro no se va a construir con proyectos de líderes mesiánicos, el futuro de este país será una construcción colectiva que va a nacer de las propias manos del pueblo argentino y de su convicción de hacer una patria diferente”, asintió.

Por último, Enrique Estévez, diputado nacional y secretario general de la fuerza a nivel provincial, subrayó: “Son tiempos difíciles y juntos es como podemos enfrentar los discursos autoritarios, violentos e individualistas”. “No vamos a renunciar a nuestras ideas y valores -continuó-, vamos a seguir militando para construir una sociedad más justa e igualitaria y lo vamos a hacer con un objetivo, que es el de llevar adelante una política más humana, de más escucha y de mayor capacidad de transformación”. “Ese es el objetivo que tenemos que perseguir, que empujar, esa es nuestra misión, y por eso tenemos que trabajar unidos, duramente, para que en 2023 el socialismo pueda ofrecer sus mejores hombres y mujeres como candidatos y candidatas para competir en todas las categorías provinciales, porque el futuro es de los que luchan. Sigamos luchando juntos por una sociedad más solidaria, más igualitaria y feliz”, señaló Estevez.

Entre otras autoridades presentes estuvieron los miembros de la Junta Provincial del Partido, el bloque de diputados y diputadas Socialistas; intendentes, presidentes comunales, concejales y militantes de toda la provincia de Santa Fe, en una multitudinaria convocatoria que colmó con más de 2000 militantes el mítico salón del Patio de la Madera de Rosario.

Fue en una conferencia de prensa de la que participaron todos los diputados y diputadas que integran el bloque en la Cámara baja. “Hay clima de reforma”, aseguraron en referencia a los distintos proyectos presentados.

El Partido Socialista presentó un proyecto de reforma constitucional en el marco de una conferencia de prensa de la que participaron todos los diputados y diputadas que integran el bloque en la Cámara baja. La iniciativa recoge la propuesta realizada en 2018 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, a la vez que incluye nuevas cuestiones, y llega a la Legislatura como mandato expreso del congreso partidario realizado semanas atrás.

La diputada Clara García recordó que Santa Fe “es una de las dos provincias que no reformó su constitución desde que el país modificó la suya en el 94”, y aseguró que “en la Cámara de Diputadas y Diputados hay clima de reforma. Habiendo 6 proyectos de distintos colores políticos pensamos que vamos a llegar a una síntesis de las mejores propuestas de cada una esas iniciativas”, confió.

“Tenemos una constitución muy vieja, que fue votada en 1962 cuando ya no había democracia porque se había producido un golpe de Estado, y por 60 convencionales entre los que había una sola mujer; toda una pintura de época”, añadió García.

Por su parte, el diputado Joaquín Blanco remarcó “la coherencia del Partido Socialista desde el retorno de la democracia”, en cuanto a su vocación reformista. “Tenemos una provincia progresista con una constitución conservadora. En 2018, pese a la impronta reformista del gobernador Lifschitz, no se lograron los acuerdos necesarios; creemos que este es el momento porque hay una serie de condiciones que permiten avanzar con la reforma”, sostuvo, en coincidencia con García.

El presidente del bloque Socialistas argumentó que “la crisis económica, social, de seguridad y, sobre todo, política, que hace que los ciudadanos no se sientan representados por sus instituciones. Es en estos momentos en los que se requiere la mayor audacia para pensar lo nuevo y convocar a la ciudadanía a pensar la Santa Fe que viene”.

Blanco también resaltó que “no está el escollo de la reelección porque este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia que no impulsa una reforma constitucional y nadie en el Partido Justicialista está planteando la reelección del gobernador (Omar) Perotti”.

A la vez, rescató el consenso que predomina en la Cámara baja acerca de la necesidad de la reforma: “No es casual que haya 6 proyectos; creemos que hay una generación de legisladoras y legisladores que quieren dejar una huella en la historia institucional de Santa Fe y a pesar de las diferencias, se respira un clima de diálogo y respeto que nos permite ser optimistas sobre la posibilidad de votar la ley de necesidad de la reforma y llegar a una asamblea constituyente y que el próximo gobernador o gobernadora puedan jurar con una nueva constitución”.

García confió en que “pese a la crisis que atravesamos, la ciudadanía entienda que pensar en el futuro no deja de forjar el presente” y mencionó algunos de los puntos del proyecto, como “terminar con los fueros parlamentarios, con el riesgo de que las empresas de servicios públicos puedan ser privatizadas, lo mismo que la Caja de Jubilaciones. Tenemos que otorgar rango constitucional a los derechos de las minorías, a la defensa del medioambiente, la paridad de género; a la autonomía municipal, al juicio por jurados, a un tribunal electoral independiente, a la extensión del período de sesiones. Todas estos cambios significan más y mejor democracia”, concluyó.

Encabezados por el presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, estuvieron presentes las diputadas Lionella Cattalini, Giselle Mahmud, Claudia Balagué, Érica Hynes, Lorena Uliendín, Rosana Bellatti y María Laura Corgniali; y los diputados José Garibay, Esteban Lenci, Pablo Pinotti y Nicolás Aimar, el diputado nacional Enrique Estévez, secretario general del partido a nivel provincial; y la concejala santafesina Laura Mondino, secretaria adjunta.

NUEVOS DERECHOS

Por su parte, Claudia Balagué hizo foco en el aspecto social e instó a “recapacitar sobre los grandes derechos que se han ido conquistando”, como el derecho a la cultura, a la apropiación del espacio público, a la participación ciudadana y a la salud. “Vaya si tenemos que pensar en estos tiempos en la enorme trascendencia que tiene el derecho a la salud y lo que han logrado los gobiernos progresistas con la construcción de la salud colectiva, de las grandes obras que han permitido que cada ciudadano de la provincia tenga acceso, independientemente de
su nivel económico”, señaló.

También se refirió al derecho a la educación: “Hoy, después de la pandemia, estamos en una situación crítica y tenemos que garantizar que todos los chicos y chicas puedan estar en la escuela. Hemos atravesado tiempos muy difíciles con un gobierno provincial que no ha puesto el eje en esta materia. Que éste y otros derechos tengan rango constitucional nos permitirá construir una convivencia diferente, menos violenta y crecer como provincia”.

AUTONOMÍA Y MANDATOS LOCALES

Esteban Lenci, en tanto, se refirió al tema de la autonomía municipal: “Pese que la reforma de la Constitución Nacional la reconoce desde 1994, no se pudo lograr la autonomía plena para los municipios de Santa Fe, un cambio que debe estar acompañado por la asignación de los recursos correspondientes”, según señaló.

El legislador también hizo énfasis en la necesidad de llevar el mandato de los gobiernos locales a 4 años. “No es algo que planteamos desde nuestro bloque; más de 200 presidentes comunales entienden que la actual duración de 2 años complejiza sus mandatos y por eso impulsamos el debate desde hace tiempo a través del Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista. Consideramos que hay que abrir este debate a presidentes comunales de otros colores políticos y que esta modificación no se concrete a partir de una ley, sino que quede establecida en la Constitución provincial”, sostuvo.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO

En el plano institucional:

• Jefe de Policía elegido por la Legislatura: cuando los ciudadanos y las ciudadanas emitan su voto decidirán, a través de sus representantes, qué tipo de política de seguridad quieren que se lleve a cabo.
• Eliminación de fueros parlamentarios: todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia serán iguales ante la ley y nadie podrá ampararse en fueros de ningún tipo frente a cualquier proceso judicial.
• Juicio por jurados: la inclusión de este procedimiento apunta a democratizar el Poder Judicial, haciéndolo más transparente a través de la participación a la ciudadanía.
• Colegio de la Magistratura con rango constitucional: el proceso para la selección de jueces será transparente, permitiendo la elección de jueces independientes y un mejor control de los otros poderes del Estado.
• Empresas de agua y energía en la órbita del Estado: el objetivo es que no puedan ser privatizadas ni vaciadas, como sucedió en los años 90 con el Banco Provincial de Santa Fe, y que acompañen al desarrollo de la provincia.
• Caja de Jubilaciones y Pensiones en manos de la provincia: también en este caso se busca impedir cualquier intento de privatización del organismo previsional o su traslado a la Nación.
• Acceso a la información pública: otorgar rango constitucional a este derecho permitirá conocer el destino de los recursos del Estado. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán la obligación de presentar declaraciones juradas de sus patrimonios antes de asumir, mientras desempeñan funciones y cuando terminan.
• Ampliación del período de sesiones ordinarias: de acuerdo a la Constitución de 1962, se desarrolla entre mayo y noviembre; se propone extenderlo de marzo a diciembre.
• Introduccción del ballotage: esta figura permite que en elecciones parejas el sistema brinde una mayor legitimidad a quien finalmente es consagrado en las urnas.
• Instauración del sistema d’Hont en la Cámara de Diputadas y Diputados: permite el reparto proporcional de las bancas en lugar del sistema actual, que divide los 50 cargos en 28 para la mayoría y 22 para la primera minoría.

Modificaciones en materia electoral:

• Tribunal Electoral independiente: hoy depende de los poderes Ejecutivo y Judicial. Para que las cuestiones electorales sean más transparentes, se propone un tribunal que esté compuesto por jueces especialistas que sean electos mediante concurso.
• Paridad de género en todas las listas de candidatos y candidatas a cargos electivos.
• Autonomía de los municipios: consagrar esta figura en la Constitución permitirá que las ciudades puedan desplegar todo su potencial, definir el número de concejales, administrar más eficientemente sus recursos, posibilitar representantes por barrio o distrito, crear la policía municipal, etc.
• Mandatos comunales: los cargos electivos se extenderán de 2 a 4 años.

Nuevos derechos ciudadanos:

• Herramientas de participación ciudadana: se propone incluir figuras como la iniciativa y la consulta popular, la audiencia público, entre otras.
• Ampliación de derechos: la preservación del medioambiente, las políticas en favor de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales y los derechos humanos tendrán jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a su reconocimiento y al trabajo para generar mayores niveles de justicia social.
• Voto a los 16 años: los jóvenes podrán elegir concejales, intendentes o presidentes comunales, tal como ya votan presidente, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores nacionales.