La Federación Santa Fe del Partido Socialista manifiesta su preocupación porque nuevamente Santa Fe queda relegada y marginada de la asignación de fondos del Gobierno Nacional y se ubica en último lugar en la distribución por cantidad de habitantes respecto al resto de las provincias.

Nos preocupa el otorgamiento discrecional de recursos destinados por distintos programas a atender las consecuencias de la pandemia, pero más aún la actitud del gobierno provincial, que en lugar de reclamar por los derechos de la ciudadanía santafesina, se recluye en un llamativo silencio.

Pasan las gestiones nacionales y se reitera el problema con Santa Fe, que en esta oportunidad -y como ha ocurrido otras veces-, recibe una proporción de fondos mucho menor, siendo en esta oportunidad Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos y La Rioja las más beneficiadas.

Al respecto precisamos que el nivel medio de aportes provenientes de transferencias no automáticas del gobierno nacional es de $ 2200 por habitante y que, desagregado, Santa Fe estaría percibiendo $ 1169 por habitante.

Por tratarse de transferencias que alcanzan los 100.000 millones de pesos, recibir una mayor proporción de fondos permitiría en nuestra provincia atender y dar respuesta a la difícil situación que atraviesan municipios y comunas, ayudar a solventar el sistema de transporte público, que ya lleva tres semanas de paro, o  sumar aportes al sector productivo y  a los trabajadores y profesionales, quienes hoy se encuentran en una realidad muy compleja.

Vale recordar que la discrecionalidad en  el otorgamiento de recursos federales perjudica a nuestra provincia desde hace tiempo, pero siempre desde las gestiones del Frente Progresista Cívico y Social reclamamos lo que legítimamente nos corresponde, al punto tal de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación –  a través del reclamo iniciado en su momento por  el ex gobernador Hermes Binner– falló en noviembre de 2015 a favor de Santa Fe.

La  deuda histórica de más de cien mil millones de pesos, por la que se volvió a recurrir al Superior Tribunal de Justicia de la Nación en enero de 2019, continúa siendo una asignatura pendiente, por la que urge seguir reclamando y respecto a la cual no hemos escuchado posicionamiento alguno del actual gobernador Omar Perotti.

Asimismo, resulta indispensable para consolidar la autonomía de nuestra provincia que Nación abone a la Caja de Jubilaciones santafesina los montos exactos que se adeudan en concepto de seguridad social, que actualmente superan los 5 mil millones de pesos.

Cuando un gobierno no defiende los intereses de la ciudadanía ni sus derechos territoriales no solo niega el federalismo sino que termina siendo funcional y  condescendiente con una política de distribución de fondos que claramente perjudica a quienes necesitan de un Estado presente, transparente y solidario.

Como ante otras situaciones, en donde están siendo vulnerados los legítimos  intereses de santafesinas y santafesinos, nos ponemos a disposición del gobierno provincial para trabajar juntos por la defensa de los derechos de nuestra provincia y aunar las fuerzas necesarias para reclamar al Gobierno Nacional lo que nos corresponde.

La caída de la recaudación en el transporte público, debido al aislamiento, sumada a la distribución inequitativa de subsidios para el interior del país generan un “combo fatal”, que requiere medidas de apoyo ante la crisis. 

El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó en el Congreso un conjunto de proyectos para que el Gobierno Nacional incluya a las empresas de transporte de pasajeros en el Programa de Emergencia de Apoyo al Trabajo y la Producción, así como la creación de una comisión del Fondo de Compensación al transporte público del interior del país para generar un sistema de subsidios que contemple la situación del aislamiento.

 En un contexto de interrupción del servicio de colectivos por el paro de UTA, el legislador indicó: “Hoy más que nunca necesitamos que se termine la distribución inequitativa de subsidios para el interior del país”, y acotó que “se hace imprescindible garantizar el funcionamiento de este servicio esencial para que los trabajadores y las trabajadoras esenciales puedan movilizarse”.

 Asimismo, se mostró preocupado por conservar las fuentes de trabajo en medio de la crisis y solicitó que “se incluya a las empresas del transporte urbano automotor de pasajeros en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción para que las empresas puedan acceder a ayudas en el pago de salarios de sus trabajadores”.

 “La suba de precios sostenida, la liberación del precio de los combustibles, la devaluación del tipo de cambio, las altas tasas de interés que enfrentan las empresas prestatarias del servicio, sumado a la contracción económica generalizada por la pandemia y la distribución inequitativa de subsidios, impactan de lleno en el sector y generan un combo fatal”, remarcó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe.

 “Que los fondos recaudados por un impuesto que pagan todos los argentinos, como los que provienen de los combustibles líquidos y del gas natural, sean asignados de manera directa al área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias, es una clara violación a los principios de la coparticipación y del federalismo”, dijo Enrique Estévez, al tiempo que graficó: “Cuando cualquier persona, en un pueblito recóndito del interior del país, carga combustible está financiando el transporte urbano porteño, ya que lo recaudado por ese impuesto los gobiernos centralistas sólo lo destinan al área metropolitana de Buenos Aires”.

Por último, remarcó: “Todos los legisladores santafesinos, del partido que sean, debieran sumarse a este reclamo”.

El proyecto presentado por el bloque socialista, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. 

El proyecto de Ley de Góndolas, presentado por el presidente del bloque Socialistas, Joaquín Blanco, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. “En tiempos donde los alimentos suben más que la inflación, esta ley es una herramienta fundamental para garantizarles a los santafesinos que los productos que compran tengan un precio transparente, y permite a nuestras Pymes poder competir de igual a igual con los grandes jugadores”, destacó.

La ley busca garantizar la multiplicidad de marcas, en los supermercados de grandes superficies, de un mismo producto tanto en góndolas como en locaciones virtuales. “El consumidor debe tener la chance de elegir libremente cuando se para frente a una góndola y poder seleccionar entre distintas marcas de productos de la canasta básica, que en los últimos tiempos ha aumentado mucho su precio”, expuso Blanco.

“En nuestro país, siete cadenas de supermercados (cinco de las cuales son de capitales extranjeros) concentran el 60% de las ventas de alimentos y bebidas. Con esta ley, buscamos minimizar la posibilidad de que haya una distorsión constante de precios, que ocurre en la cadena de distribución. Debemos transparentar la cadena de valor y de relaciones sobre cómo se construyen los precios en Argentina”, agregó.

Además, destacó que esta ley tiene la impronta santafesina y que convive con la sancionada a nivel nacional (Ley 27.545, aprobada en febrero de este año).

La ley promueve el desarrollo para productores locales y regionales garantizando espacio en góndola para que sus productos tengan mayor visibilidad y mejorar las condiciones en las formas de pago. Para esto, establece que, en los supermercados de grandes superficies, ninguna empresa podrá superar el 30% de exhibición en góndola. Mientras que las Pymes santafesinas tendrán garantizado un 25% de presencia.

También impide que los pagos a los pequeños productores se puedan demorar más de 60 días y que se solicite como forma de ingreso a un establecimiento, la entrega de mercadería gratuita o a un precio por debajo de su costo.

“En contexto de crisis, donde las tarifas están congeladas, el rubro de alimentos aumentó más que la inflación general. Es hora de que el Estado esté presente. Debemos cuidar el bolsillo de la gente en estos rubros esenciales, y promover la comercialización de los productos de las Pymes santafesinas y así contribuir a sostener el trabajo y la producción local”, dijo Blanco.

“Hoy dimos un gran paso, la ley cuenta con media sanción y esperamos que pronto el Senado le dé la sanción definitiva, no podemos dejar que los precios sigan subiendo cuando tenemos la posibilidad de hacer algo para combatirlo”, finalizó.

La Junta Provincial del Partido Soicalista se reunió de manera virtual y emitió la siguiente declaración

Junta Provincial

Esta pandemia evidenció, por un lado, la importancia de un Estado presente y, por el otro, las desigualdades sociales y el déficit del sistema sanitario argentino. En este sentido, se hace vital avanzar en políticas que garanticen una salud pública accesible y de calidad, entendida como un derecho humano fundamental, tal cual pregonó el socialismo a lo largo de su historia y que luego logró consolidar en sus gestiones -producto de un plan estratégico- primero en Rosario y luego en la provincia de Santa Fe. En ese sentido, acompañamos las medidas adoptadas por el gobierno nacional con el objetivo de aplanar la curva de contagios y priorizar la vida de los argentinos y argentinas.

No obstante, sostenemos que esta crisis sanitaria, económica y social no debe ser tomada como excusa para un proceso de concentración de poder. Por el contrario, resulta imprescindible el funcionamiento de los Poderes Legislativos y Judicial para el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y los debidos controles de un poder sobre otro.

Asimismo, apoyamos la renegociación de la deuda externa para evitar el default, en el convencimiento que el pago a los acreedores no puede hacerse sobre la base de condenar en el presente y el futuro a millones de argentinos al hambre y la desocupación. La reestructuración de la misma, atraviesa los gobiernos, y es una causa común que nos debe encontrar unidos.

Superada esta crítica coyuntura, el país debe repensar el modelo económico y social; una reforma del sistema productivo, una reforma tributaria, rediscutir la soberanía alimentaria y el futuro del trabajo son algunas de las asignaturas pendientes, en donde se torna fundamental la participación de todos los actores sociales.

Por eso, al igual que en la provincia de Santa Fe, desde el Bloque Socialista presentamos un proyecto de Ley en el Congreso para la puesta en marcha inmediata de un Consejo Económico, Social y Político, con mirada federal. Poder reunir a todos los representantes de la sociedad argentina y diseñar un plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo, para definir cómo salimos de la cuarentena y de la crisis, es indispensable para pensar en un futuro de crecimiento. Necesitamos, de una vez por todas, incorporar a la cultura política de nuestro país la idea básica de la institucionalización del diálogo y la construcción de consenso para combatir las desigualdades y las vulneraciones de derechos.

Esta pandemia está generando severas consecuencias sociales y económicas, en donde vemos prioritario que la Provincia redoble esfuerzos y fortalezca a los sectores más vulnerables, poniendo atención en la cuestión alimentaria, sanitaria y de género.

También queremos expresar nuestra preocupación respecto al recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en las principales ciudades de nuestra provincia. Necesitamos un plan de seguridad y medidas concretas, así como un trabajo articulado entre los gobiernos nacional y provincial. De seguro estaremos todas las fuerzas políticas, instituciones y organizaciones apoyando dichas iniciativas para terminar con este flagelo.

En este sentido, también nos preocupa sobremanera el incremento de los niveles de violencia de género hacia dentro de los hogares que se puso de manifiesto, más aún, en este contexto de aislamiento. Necesitamos que los Estados provincial y nacional estén presentes frente a esta problemática, ya que las mujeres y disidencias que conviven con sus agresores están expuestas a una desprotección mayor. Resulta imprescindible cuantificar los casos para aplicar más y mejores políticas de género. A la par, debido a que son mayores los obstáculos para acceder a la Justicia en tiempos de pandemia, los Ejecutivos deben adecuar y dar accesibilidad a dispositivos de protección y de contención. Resulta imprescindible, también, sumar las voces de las mujeres en los círculos de decisión más jerarquizados.

En estos momentos de crisis es cuando aún más se requiere un Estado protagonista y solidario. Y si bien vemos que el gobierno provincial acompaña las medidas del gobierno nacional, consideramos que no está teniendo la impronta necesaria para la demanda de una provincia tan importante como Santa Fe; se necesita acompañar a los sectores productivos, tener políticas concretas en materia económicas de acompañamiento para todas las actividades, y también para los municipios y comunas, quienes se encuentran en una situación crítica y el auxilio provincial debe ser inmediato.

En este sentido, nuestros legisladores provinciales presentaron una batería de propuestas para aliviar económicamente a la ciudadanía y proteger a sectores vulnerables, y a la vez garantizar la salud y educación en contextos seguros, como la creación de un Fondo de Emergencia de Transferencia Automática para Municipios y Comunas que estaría vigente sólo durante la pandemia; una serie de medidas tributarias y herramientas financieras, como posponer vencimientos de impuestos provinciales (Inmobiliario, Patente, Ingresos Brutos); aplicar una exención impositiva para clubes, contribuyentes categoría 1 y pequeños contribuyentes. Asimismo, se presentó un proyecto de educación virtual, para achicar las brechas de desigualdad educativa, tecnológica y de género; se propuso además aumentar las partidas de dinero destinadas a los programas de alimentación pública; prestar asistencia especial sanitaria y alimentaria con perspectiva de género y diversidad sexual para el colectivo LGBT+, en situación de vulnerabilidad social; entre tantas otras.

Por todo lo expuesto, desde el Partido Socialista queremos reiterar nuestro compromiso y disposición para cooperar con los tres niveles del Ejecutivo, porque estamos convencidos que a esta pandemia se la combate con unión, lejos de especulaciones políticas coyunturales, y con solidaridad.

                                                                                                                  Junta Provincial

                                                                                                    Partido Socialista de Santa Fe

El Bloque Socialista presentó en el Congreso un proyecto para declarar la telefonía móvil y el acceso a internet como un servicio público.

En ese contexto, el Gobierno nacional anunció ayer el compromiso de algunas empresas de no aumentar más las tarifas de telefonía fija y móvil, internet y TV paga hasta el 31 de agosto, así como planes inclusivos de Telefonía e Internet.

“Creemos que esa iniciativa es sólo un paliativo en un tiempo acotado. Nuestro proyecto de declarar la telefonía móvil y el acceso a internet como un servicio público es superador porque además de regular las tarifas del servicio, permitirá universalizar el acceso a los mismos y dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías”, explicó el diputado Enrique Estévez.

 “Hay miles de argentinos y argentinos que no pueden acceder a internet ni a la telefonía móvil, por los costos de las tarifas o simplemente porque no tienen antenas que aseguren la conectividad”, indicó el dirigente socialista.

 “Es necesario que todos los habitantes del país puedan acceder al conjunto de servicios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) sin que enfrenten discriminaciones por su condición económica o su localización geográfica”, aseguró el diputado nacional, al tiempo que indicó: “Tenemos que facilitar y ampliar el acceso a Internet y terminar con la brecha digital”. Si algo evidenció esta pandemia es que las TICs constituyen un recurso esencial para la ciudadanía.

El propio Estado requiere la realización de trámites en línea en una amplia gama que va desde declaraciones juradas a pagos.

 “Necesitamos un federalismo tecnológico”, enfatizó el legislador, al momento que cuestionó: “¿Cómo podemos pensar en esta nueva normalidad que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin el acceso a internet?”.

 Además, el dirigente socialista explicó que “las TICs constituyen una herramienta fundamental para una educación inclusiva”, y por eso también dijo que “es muy necesario abordar la alfabetización digital”.

Asimismo, el proyecto del Bloque Socialista propone un servicio que mantenga la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, con protección de los datos personales de los usuarios; portabilidad numérica gratuita y libre elección de proveedor de servicios; a la cancelación de un contrato con un prestador sin costo alguno; a poder realizar llamadas telefónicas gratuitas a todos los números de servicios de emergencia y esenciales que se definan en el plan de numeración; para que los usuarios con discapacidades físicas puedan tener acceso a los servicios y recursos en iguales condiciones que el resto de los usuarios; y garantizar el acceso de todos los operadores del mercado a la posibilidad de instalar antenas en condiciones de equidad y establecer los requisitos para garantizar la salud de la población.