Se trata de un bono excepcional que alcanza al personal de los establecimientos educativos de gestión oficial o privada de todos los niveles y modalidades.

La cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe sancionó una ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar una suma de dinero a personal suplente del sistema educativo santafesino, que debido al contexto de pandemia no pudo asumir reemplazos ni recibir los beneficios de emergencia que brinda el gobierno nacional.

El proyecto de ley tuvo origen en la Cámara Baja, mediante la unificación de iniciativas de diferentes legisladores, como la diputada Claudia Balagué, en la propuesta del diputado Juan Cruz Cándido. Fue aprobado en el Senado y su sanción será comunicada al Ejecutivo, que queda facultado para establecer el listado de docentes y asistentes escolares que recibirán el beneficio, así como para definir en mesa paritaria el monto a asignar.

“Se trata de un proyecto por el que venimos trabajando desde marzo, cuando este numeroso colectivo de docentes y asistentes escolares quedaron fuera de los criterios establecidos para la asignación del fondo de Emergencia que otorga ANSES, que no tienen obra social ni posibilidades de tomar reemplazos en las escuelas por el modo en que se organiza la actividad escolar”, explicó Balagué.

 “En la comisión de Educación trabajamos varias iniciativas y las unificamos en el proyecto del diputado Cándido, que fue aprobado luego en el Senado y ayer convertimos en ley”, señaló la diputada, quien agregó que se está trabajando también un proyecto de acompañamiento pedagógico, de autoría conjunta también con Cándido, para abrir espacios de apoyo para los estudiantes y una alternativa de trabajo para los docentes reemplazantes.

En el marco del Día del Árbol solicitaron que se implementen las exigencias contempladas en una ley sancionada y reglamentada en 2019.

Como todos los 29 de agosto, se celebró en Argentina el Día del Árbol, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas. En ese marco, desde el bloque Socialista insistieron en la necesidad de implementar las nuevas exigencias de la Ley Nº 13.836, sancionada y reglamentada en 2019 durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz.

“La Provincia de Santa Fe cuenta con una Ley inédita en el país tendiente a reforestar el territorio provincial desde un cambio de paradigma ambiental, donde el Estado Provincial interviene con una mirada activa para prevenir y mitigar los efectos nocivos del cambio climático” describió Clara García.

“Tenemos una gran ley, elaborada con las instituciones, de manera colaborativa, que es pionera en el cuidado y resguardo medioambiental como política de estado. La Ley, es innovadora y estratégica, declara al árbol de interés público y promueve la implantación de nuevos ejemplares tanto en ámbitos públicos como privados”, recordó la legisladora del PS.

Partiendo de los impactos ambientales positivos que proveen los árboles, la ley establece diversas normativas para el arbolado público (espacios verdes, plazas, parques, paseos, arbolado de alineación), tales como: da pautas precisas para los Planes de Arbolado de Municipios y Comunas; refuerza la importancia de forestar con especies nativas; incorpora el concepto de disposición sustentable y reutilización de restos de poda; propone exigencias de arbolado en edificios públicos y predios rurales provinciales; regula el cuidado de los corredores biológicos en rutas y caminos; crea un registro de árboles distinguidos por su valor natural, cultural o estético; crea el Censo Provincial de Arbolado como insumo indispensable de las políticas ambientales y propone una Red provincial de viveros forestales, priorizando los viveros inclusivos.

Asimismo, incorpora legalmente exigencias para el arbolado en predios privados, tanto para dominios rurales como para emprendimientos productivos urbanos que requieran aprobación de impacto ambiental para su habilitación. Es así que plantea porcentajes mínimos de forestación progresiva: considerando su tamaño y región agroeconómica para los inmuebles rurales; y teniendo en cuenta la presión sobre el ambiente para los emprendimientos urbanos. Este capítulo innovador de la Ley plantea además beneficios tributarios por forestación lograda, priorizando la vegetación nativa, al tiempo que impone sanciones y reparaciones por daño ambiental.

 Por último, ratifica el Fondo Santafesino de Arbolado, propone el Programa “Un egresado=Un árbol” y fomenta el desarrollo experimental de especies.

“En los últimos años estamos viviendo situaciones de stress hídrico -extremas sequías e inundaciones-, expansión de la frontera agropecuaria, erosión del suelo y pérdida de nutrientes, diversas acciones destructivas sobre el aire, los cursos de agua, la fauna y la flora. Son fenómenos que preocupan, sobre los que el árbol tiene beneficios estratégicos y que requieren un abordaje sistémico con fuerte compromiso político”, concluyó Clara García.

 La misma es presidida por el diputado socialista Joaquín Blanco, quien manifestó que “hay que desentrañar todas las relaciones que puedan haber existido entre la fiscalía de Rosario y el delito organizado”.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe conformó la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino. El proyecto de creación del cuerpo fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Miguel Lifschitz.

La nueva comisión será presidida por el diputado Joaquín Blanco, mientras que Carlos del Frade (Frente Social y Popular-Ciudad Futura) y Mónica Peralta (FPCyS-GEN) serán vicepresidentes; y Juan Cruz Cándido (FPCyS-UCR), secretario. En tanto, estará integrada por legisladoras y legisladores de todos los bloques políticos: Lionella Cattalini (FPCyS-Socialistas), Maximiliano Pullaro (FPCyS-UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Mónica Peralta (FPCyS-GEN), Gabriel Real (FPCyS-PDP), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio-UCR), Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino).

La conformación se concretó en el marco de una reunión que tuvo lugar en la sede de la Cámara baja en la ciudad de Rosario. Tras ello, Blanco anticipó que para el próximo martes citaron a los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPA), que son los que están actuando en la causa, “para requerirles toda la información pública que tienen alrededor del caso, con el compromiso de acompañar su tarea y de que no sufran ningún tipo de acoso ni presión para que puedan desarrollar su labor con absoluto profesionalismo y haya ejemplaridad en el proceso. Estamos hablando de causas de corrupción vinculadas al juego clandestino que han generado una crisis institucional muy grande en el MPA”.

“A partir de esa información –continuó Blanco-, vamos a construir el plan de trabajo de esta comisión para desentrañar todas las relaciones que puedan haber existido entre la Fiscalía de Rosario y el delito organizado, y poder establecer pautas, recomendaciones y mejoras en el sistema de justicia penal. Lo que sucedió tiene que marcar un antes y un después con respecto a la corrupción en la justicia”.

Luego de cada reunión, la comisión elaborará un acta y publicará un informe en el cual detallará la información recabada y las acciones realizadas.

 Por su parte, Cándido destacó “la importante tarea de depuración que el MPA vino realizando. Queremos poner de manifiesto nuestro acompañamiento a la decisión del organismo de investigarse a sí mismo, sobre todo en un país donde no es habitual que ello ocurra. Creemos que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal vigente en Santa Fe desde 2014, que permite avanzar hacia un mejor servicio de justicia”.