Ni una menos: el grito que cambió la historia

A seis años del primer “Ni Una Menos” repasamos el acontecimiento que fue un antes y un después en la historia de los feminismos en Argentina y reflexionamos sobre lo logrado y la continuidad de la lucha. 

Un 3 de junio del 2015 miles de personas formaron parte de un hecho que marcó un antes y un después en el desarrollo de los feminismos en Argentina. “Ni Una Menos” fue el nombre elegido para un colectivo de protesta que se oponía a la violencia de género y a la consecuencia más grave y visible, el femicidio.

Justamente, el femicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe fue el detonante de la primera convocatoria, y junto a su nombre podían leerse miles más en los carteles que llenaron las plazas de más de 80 ciudades de todo el país. 

Con el correr de los años, las consignas feministas fueron ocupando un lugar más preponderante no solo en nuestro país. Aquella primera concentración fue también el detonante para que el grito colectivo del “Ni Una Menos” se masifique en manifestaciones en Latinoamérica, Europa y Asia. 

Al margen de la reacción de las instituciones, ese hecho historico acrecento y alimento el activismo feminista y se constituyó el desencadenante de un gran cambio social. Aquel 3 de junio se abrió camino a una marea feminista que no paró de crecer, pero las cifras de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres tampoco se detuvo.

 

Un grito en boca de todas

El “Ni Una Menos” le dio una mayor visibilidad a los reclamos que el movimiento feminista y de las disidencias venia sosteniendo desde hacia años y significó un gran impulso para que la agenda de los feminismos adquiriera un lugar central dentro del debate público. 

La magnitud de lo sucedido esa tarde del 3 de junio de 2015, fue absolutamente inesperada y transformó el curso de la historia. “Ni Una Menos” se convirtió en el lema de una generación, posibilitado por el poder de la masividad. 

 

Impactar en la vida real

En este recorrido algunas demandas se convirtieron en políticas públicas.  En 2015 se promulgó la ley de defensa gratuita para las víctimas de violencia de género, que todavia no pudo aplicarse integramente en el pais, la  Ley Brisa, sancionada en 2019, normativa que obliga al Estado a reconocer a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio como víctimas colaterales o generacionales, la conquista del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatorio sobre violebcia de genero para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del estado. 

El “Ni Una Menos” también fue fundamental en la visibilización de los transfemicidios y trasvesticidios y en el reclamo de políticas en contra del odio y discriminacion a lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries y sacó a la luz otros tipos de violencia machista que estaban silenciados y a veces naturalizadas, como el acoso, los abusos sexuales y la discriminación laboral.

 

Lo que falta: una Ley de Emergencia en Violencia de Género. 

Si bien han ocurrido algunos avances, todavía quedan disputas por dar y mucho por hacer en términos de la lucha por una mayor igualdad. 

El 2020 nos encontró atravesando una pandemia, y en gran parte del año un aislamiento social y obligatorio, el cual agravó la situación de muchas personas en el país.

El fin a la violencia de género y la declaración de la emergencia en la problemática, garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, la publicación de estadísticas oficiales de víctimas de violencia de género, la implementación de la Educación Sexual Integral y la protección de las víctimas con el monitoreo electrónico de los victimarios son reclamos que aún hoy tienen vigencia.

 

Cifras alarmantes

Un informe de MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) difundido esta semana, registró un total de 94 femicidios en lo que va del año en Argentina, entre ellos 15 vinculados y 4 trans- travesticidos, lo que significa una cada 38 horas. Además en 2021 se cometieron 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, lo que registró una cada 25 horas, según el informe.  

En este contexto, MuMalá y Mujeres Socialistas, junto al Diputado Nacional Enrique Estevez presentaron en el mes de marzo en el  Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia en violencia de género en todo el territorio nacional.

El proyecto propone, en primer lugar, incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y agrega en su articulado la necesidad de capacitaciones obligatorias en la temática de género, la adopción de protocolos de abordaje y seguimiento a integrantes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia de género, que incluyan el retiro de arma, así como un Plan Nacional de desarme en la sociedad civil.

Además, incluye una asignación económica especial para las personas víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean recursos económicos suficientes para su subsistencia.

A seis años del primer “Ni Una Menos”, tenemos en claro que la deuda es permanente y también nuestro trabajo. Desde el aborto al trabajo doméstico, desde la lucha cotidiana hasta la lucha contra los femicidios, estamos en una revolución contra el patriarcado. 

Una ley que declare la emergencia en violencias de género

Mujeres Socialistas y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) presentaron en el Congreso, a través del diputado del Bloque Socialista, Enrique Estévez, un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Nacional en Violencias de Género.

Este miercoles se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia en violencia de genero en todo el territorio nacional. El mismo es impulsado por las organizaciones feministas Mujeres Socialistas y Mujeres de la Matria Latinoamericana, a través del diputado del Bloque Socialista, Enrique Estevez.

El proyecto propone, en primer lugar, incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. “El Estado debe mejorar de forma urgente su capacidad de respuesta y para eso debemos dotar de recursos a las áreas intervinientes y avanzar en un plan nacional de acción con verdadero alcance federal que asegure la prevención, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género”, explicó el legislador socialista, Enrique Estévez, y dijo que el mismo “debe procurar un impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes transitan situaciones de violencia”.

Ademas, el mismo agrega en su articulado la necesidad de capacitaciones obligatorias en la temática de género, la adopción de protocolos de abordaje y seguimiento a integrantes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia de género, que incluyan el retiro de arma, así como un Plan Nacional de desarme en la sociedad civil.

 

Los datos que duelen

Según datos del Observatorio de Mumala, en lo que va del se registraron 69 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 47 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios.

Durante 2020 esta fue una realidad que se vio profundizada en el marco de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Solo durante este periodo, se registraron 197 femicidios. De acuerdo al último reporte presentado este año, en el 2020 fueron 329 las muertes violentas asociadas al género de mujeres, lesbianas y travestis y trans.

La violencia no es sólo física o psicológica, también es económica. Por eso los colectivos feministas proponen en el proyecto de Ley una asignación económica especial para las personas víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean recursos económicos suficientes para su subsistencia.

“Para lograr la autonomía económica y que las víctimas puedan salir de los contextos de violencia se necesita de un Estado presente, que brinde respuestas en materia habitacional, de reinserción socio-laboral y terminalidad educativa” precisó Monica Fein, de Mujeres Socialistas.

Asimismo, el estudio indica que el 94 % de los femicidas eran conocidos por las víctimas (64 % parejas y ex parejas) y que el 70% de los femicidios se ejecutaron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida. Por eso también resulta fundamental implementar un programa federal de creación de casas de protección para personas en situación de violencia de género y riesgo de vida.

 

130 mil firmas

La organización MuMaLá lanzó una petición a través de la plataforma Change para apoyar esta la inciativa. La misma ya cosechó más de 130 mil firmas.

El Socialismo presiona en el Congreso para que Nación pague la deuda con Santa Fe

Proponen que se incorpore un artículo al Presupuesto 2021 que contemple el pago de la deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe, que hoy se estima en 120 mil millones de pesos. Además, alertaron sobre la falta de federalismo en dicho proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo.

El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso una misiva para exigir que se incorpore un artículo en el Presupuesto 2021 para que se incluya una partida específica para el pago de la deuda que el Poder Ejecutivo Nacional tiene con la Provincia de Santa Fe. La propuesta, enviada al presidente de dicha comisión, Dr. Carlos Heller, también fue acompañada por su par santafesino, Luis Contigiani.

 “Exigimos con firmeza el pago de la deuda que el Gobierno Nacional tiene con Santa Fe, que actualmente supera los 120.000 millones de pesos, como consecuencia de detracciones ilegales hechas sobre la coparticipación”, enfatizó Enrique Estévez.

 “Si bien comprendemos la situación financiera del Gobierno Nacional, ninguna excusa es válida, porque se trata de una decisión política, como el hecho de haberle transferido por DNU miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires”, explicó el legislador nacional, y recalcó que “esta acreencia le corresponde al pueblo de Santa Fe”.

“El gobernador Perotti debiera ponerse al frente de este reclamo que beneficia a todos los santafesinos y santafesinas”, puntualizó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, y pidió a todos los legisladores que representan a la provincia “ponerse la camiseta de Santa Fe” y “reclamar el dinero que nos corresponde”.

 Asimismo, el diputado socialista alertó sobre la falta de federalismo en el presupuesto del año próximo y enfatizó: “El federalismo es fiscal o no es federalismo”.

“Cuando el presidente habla de ´federalizar la Argentina´ se trata de slogans vacíos, porque al federalismo se lo practica, no se lo invoca”, manifestó Estévez. Es que en el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo se puede ver que se invierte cuatro veces más para un habitante de CABA que para uno de Santa Fe (inversión pública nacional por habitante en el presupuesto 2021 – Santa Fe $5.223 per cápita vs CABA $23.213 per cápita).

 “Santa Fe es una de las provincias que más aporta al fisco nacional y la más perjudicada en la coparticipación”, señaló el dirigente socialista e indicó que “Buenos Aires es la única provincia que cada vez recibe más fondos, en detrimento de las otras jurisdicciones”.

Jardines de infantes: Diputados dio media sanción a un rescate económico

Se trata de una serie de medidas para aliviar la situación apremiante que padecen 470 instituciones en toda la provincia.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley que propone un rescate a los jardines de infantes particulares de Santa Fe. El objetivo es salvaguardar estas instituciones con una ayuda económica de 180 millones de pesos, exención de impuestos por un año y generar un sistema de becas en próximos ciclos lectivos para niños y niñas derivados por el gobierno.

“Le pedimos al gobernador Omar Perotti que reaccione. Los jardines de infantes forman parte de un sistema de cuidado irremplazable para el Estado”, expuso Joaquín Blanco, presidente del bloque Socialistas y autor del proyecto. “La propuesta está trabajada junto a asociaciones de jardines particulares de toda la provincia para rescatar a este sector. Están en un estado de emergencia total”, agregó el diputado.

“La cuarentena los ha dejado solos. Muchos han comenzado emprendimientos paralelos de venta de productos para poder subsistir con lo mínimo, y la ayuda recibida no fue suficiente y, en muchos casos, no pudieron acceder a ella. El Estado Provincial está dejando desprotegidas a instituciones que cumplen un rol social muy importante para el crecimiento de niños y niñas”, dijo Blanco. Actualmente, en Santa Fe existen más de 450 jardines maternales y de infantes.

El proyecto propone un fondo de 180 millones de pesos (destinando desde 200 mil hasta 800 mil pesos por jardín) para asistir a estas instituciones, que estén exentas del pago de impuestos provinciales durante un año desde sancionada la ley y que, para próximos ciclos lectivos, se genere junto a ellos un sistema de becas para niños y niñas derivados por los ministerios de Educación y de Desarrollo Social.

 “Un jardín de infantes construye historias de vida y lazos. Ni más ni menos que estimulan, forman y cuidan a nuestros hijos y nuestras hijas. Estas instituciones merecen un respeto y un mejor trato que el recibido. Se trata de un tema de igualdad para la infancia en el presente, y que de no garantizarse, se estará minando la igualdad en el futuro”, finalizó Blanco.

El Socialismo insistirá con la Ley de Educación Sexual Integral en Santa Fe

Esta semana la Comisión de Educación se reúne con organizaciones, centros de estudiantes y especialistas para tratar nuevamente el proyecto que había obtenido media sanción en 2018 pero perdió estado parlamentario en el Senado.

La diputada del bloque Socialistas, Gisel Mahmud, afirmó que “la provincia de Santa Fe no puede demorar más la solución de fondo a una problemática que se agrava a medida que el tiempo pasa. Es fundamental contar con una ley de Educación Sexual Integral (ESI) porque es la herramienta para que niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos, identifiquen las situaciones de violencia y abuso, y puedan romper el silencio para pedir ayuda”.

En mayo, la legisladora presentó un proyecto de ley para que los y las jóvenes de la provincia tengan derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Se trata de la propuesta del ex diputado “Paco” Garibaldi que había obtenido media sanción 2018, pero luego perdió estado parlamentario en el Senado provincial por falta de tratamiento.

En ese marco, Mahmud adelantó que este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibirá a organizaciones sociales vinculadas al tema, y luego será el turno de representantes de centros de estudiantes secundarios y terciarios; y especialistas en educación sexual.

“Los datos publicados por el gobierno anterior, a partir de la implementación del Programa de ESI, reflejan el agravamiento de los indicadores entre 2018 y 2019 y, por lo tanto, la urgencia para encarar a fondo esta cuestión. Ya no basta un programa que quede librado a la voluntad política del gobierno; es necesaria una ley que garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información para saber cómo actuar sobre la base de conocimientos seguros, científicos y acordes a la edad, con la idea de aprender el respeto a la diversidad, la convivencia y el cuidado mutuo. Son sujetos de derecho y no sujetos de tutela. Es decir, el Estado no puede decidir sobre ellos sin más, sino que deben ser oídos y oídas, y sus opiniones cuentan cuando se toman decisiones que los y las afectan”, sostuvo la legisladora.

Según datos publicados en diciembre de 2019 por el Ministerio de Educación de Santa Fe, durante el ciclo lectivo de ese año se detectaron 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente, y 507 de violencia en el entorno familiar. En 2018, los equipos socioeducativos del ministerio habían registrado 422 y 480 casos para esas mismas categorías.

Los casos fueron relevados a partir del relato de niñas, niños y adolescentes y de la escucha de docentes, quienes ante la sospecha de abuso o violencia tienen la obligación de denunciar.

A partir de la ley nacional sancionada en 2006, que establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”, el gobierno de Santa Fe empezó a implementar la ESI en 2008 a través de la capacitación de docentes y se convirtió en una herramienta clave para detectar abusos sexuales y violencia familiar. En 2012 incluyó a integrantes de los centros de estudiantes, quienes fueron los principales demandantes de educación sexual en la escuela. La ESI se aplica desde el jardín hasta los institutos terciarios.

La Ley provincial que no fue

“El proyecto anterior fue fruto de un amplio consenso y recibió un tratamiento positivo, que llevó a su aprobación en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, pese a la media sanción que recibió en junio de 2018 luego perdió estado parlamentario en el Senado. Por eso consideramos importante volver a poner en debate esta iniciativa, convocando a que vuelvan a establecerse los consensos necesarios en el cuerpo”, indicó Mahmud.

La iniciativa –argumentó- apunta a “formalizar el trabajo que la provincia ya había iniciado fijando la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar el derecho a la Educación Sexual Integral, a la vez que promover y ampliar derechos de las niñas, niños y adolescentes para recibir información sobre diversidad sexual, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Poder detectar situaciones de vulneraciones de derechos y violencias, y a partir de eso saber cómo denunciarlo. La comunidad educativa juega un rol importante en ese sentido”.

Media sanción para la provisión gratuita de productos de gestión de higiene menstrual

La iniciativa de la diputada Lionella Cattalini y el diputado Fabián Palo Oliver, ambos del Frente Progresista, busca achicar la brecha de desigualdad social y garantizar el derecho al acceso de los productos de higiene menstrual. Toallitas ecológicas, descartables, copas y tampones se entregarían en hospitales, centros de salud, ámbitos educativos, cárceles y refugios de la provincia.

 

Diputadas y diputados de la provincia de Santa Fe, dieron ayer media sanción al “Programa de Provisión Gratuita de productos de gestión de higiene menstrual”, un proyecto de ley impulsado por el Frente Progresista que garantiza el derecho al acceso de los productos para una gestión de higiene menstrual segura, eficaz y digna.

 El dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Salud Pública y Asistencia Social y Presupuesto y Hacienda reconoce a la higiene menstrual como una cuestión de derechos humanos y propone para reducir las brechas de desigualdad (entre quienes cuentan con los recursos necesarios para acceder a estos productos y quienes no) el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de estos productos para todas las personas en el ámbito provincial.

Se entiende por productos para la gestión menstrual a todos los elementos que se utilizan para la contención y tratamiento del sangrado de las personas durante el período menstrual, tales como: copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables industriales y tampones. Una vez convertido en Ley se entregarían en centros de salud, hospitales, ámbitos educativos, cárceles y refugios de la provincia.

“En los últimos años, organizaciones de mujeres y colectivos feministas impulsaron campañas y acciones que pusieron el tema de la menstruación en la agenda pública de muchísimos países, sentimos que es nuestra responsabilidad generar políticas públicas en Santa Fe en el mismo sentido”, sostuvo la legisladora Lionella Cattalini.

Entre los objetivos de la propuesta Cattalini quiere que “los productos estén al alcance de todas las personas que lo necesiten garantizando el suministro gratuito e irrestricto, generando conciencia en la sociedad y modificando a partir de la educación todos los estigmas relacionados con la menstruación”.

Por su parte el diputado Palo Oliver destacó: “Queremos que la menstruación deje de ser ‘cosa de mujeres’, para ser un tema de Estado a la hora de pensar cómo garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas” y resaltó que “así como el proyecto de ley aborda la igualdad, el derecho a la salud también hace foco en la necesidad de reducir el ausentismo y la deserción escolar que se produce muchas veces en estos periodos normales de las vidas de las personas menstruantes”.

El Ministerio de Salud en coordinación con Desarrollo Social, serán quienes deberán garantizar el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de tales productos para todas las personas en el ámbito provincial.