Se trata de un completo programa que establece beneficios e incentivos para la autoproducción de energías no convencionales y permite la inyección de excedentes a la red.

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Frente Progresista, Cívico y Social, que establece en el ámbito de la provincia la promoción de la autoproducción de energía a través de fuentes no convencionales, mediante incentivos y beneficios, además de subsidios y líneas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipos. Se trata de darle marco de política de Estado al programa Prosumidores, que estimula la investigación, desarrollo y auto-producción de nuevas fuentes de energía, que fue impulsado durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, con más de 400 adherentes y una generación 1,3 MW de energías renovables.

La ley tiene por objeto fijar políticas y establecer las condiciones para la generación de energía eléctrica de origen de fuentes renovables de baja tensión por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio de facilitar dicha inyección.

“La provincia de Santa Fe tiene un gran potencial en materia de energías renovables y la generación distribuida nos involucra positivamente: se redistribuyen ingresos de la industria energética con más equidad social y se promueve la creación de empleos verdes en una industria innovadora”, aseguró la autora de la iniciativa, Clara García (Socialistas-FPCyS).

La legisladora indicó que “la oportunidad de que los consumidores sean al mismo tiempo productores significa un trascendental cambio de paradigma en el sistema social de nuestra provincia donde la producción de energía sea un proceso más abierto, inclusivo, distributivo y democrático”.

De esta manera, se declara de interés provincial la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes, y se establece su promoción por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Con esta ley, todo usuario de la red de distribución tiene derecho a instalar equipamiento para la generación de energías renovables, y a inyectarla a la red de distribución, siempre con previa autorización y estrictos controles técnicos.

“Para un planeamiento energético estratégico es necesaria una mayor diversificación de la matriz energética provincial, con más cercanía de producción y mejores condiciones para la seguridad del abastecimiento en toda la provincia”, sentenció García.

En otro punto, la iniciativa determina que, desde la sanción de la ley, toda construcción de edificio público provincial deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación de energía proveniente de fuentes renovables.

El bloque socialista de la Cámara de Diputados llamó la atención que con el crédito disponible y un superávit de $6.800 millones a mayo no haya mayor acompañamiento a sectores afectados por la crisis generada por el aislamiento social obligatorio.

Diputados del Frente Progresista valoraron la visita del ministro de Economía, Walter Agosto, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero marcaron diferencias de enfoque a la vez que reclamaron datos y cuestionaron la falta de reclamo a la Nación para que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Tras el encuentro, el presidente de la comisión, Fabián Bastía (FPCyS-UCR), consideró “muy positiva la presencia del ministro Agosto así como el hecho de conocer los números de la provincia”, aunque señaló que “faltaron algunas respuestas más concretas”.

“Agosto no dio precisiones sobre cómo van a utilizar el crédito autorizado por las leyes de Necesidad Pública y de Emergencia por el Covid 19. Hasta el momento, han tomado crédito por unos $16.000 millones cuando la autorización es mucho mayor y muchos programas que hemos aprobado en la Legislatura tienen como fuente de financiamiento el endeudamiento que votamos”, señaló Bastía, y agregó: “El propio ministro reconoce que tienen un planteo conservador en el manejo de las finanzas públicas porque consideran que hay una gran incertidumbre hacia adelante con motivo de la pandemia”.

En la misma línea, Lorena Ulieldín (FPCyS-Socialistas) llamó la atención sobre el resultado del superávit de la provincia, que ascendió a $6.800 en mayo. “No entendemos por qué se priorizan los ingresos sobre los gastos y no se aplican a la asistencia productiva y social como lo está haciendo el gobierno nacional” en el marco de la pandemia y el impacto negativo de la cuarentena en la economía.

Ulieldín también cuestionó que el ministro no haya brindado precisiones sobre “si la provincia está reclamando los $100 mil millones que el gobierno nacional le debe a Santa Fe en concepto de coparticipación, tal como fue reconocido por la Corte Suprema de la Nación, y la deuda de $4.600 millones de la Anses con la Caja de Jubilaciones santafesina”, estos últimos en concepto de recursos que por ley deben ser girados periódicamente a los distritos que no transfirieron sus cajas.

La diputada socialista Clara García, junto a legisladoras y legisladores del Frente Progresista, pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la EPE con la proveedora mayorista Cammesa. Advirtió que se está poniendo en riesgo la prestación del servicio. 

La diputada Clara García, junto a legisladoras y legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social, pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que según confirmó el propio jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en su último informe de gestión, supera los 10 mil millones de pesos.

“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía –remarcó García-, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”.

Al respecto, la legisladora socialista mencionó que en el informe de cobranzas de Cammesa al 29/11/2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida. Sin embargo, del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31/5/2020 la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado.

“La EPE es la empresa pública más importante de Santa Fe”, sostuvo García, poniendo de relieve la cantidad de personal, el volumen de su facturación, la diversidad geográfica de su cobertura, la complejidad técnica de sus equipamientos, y la histórica defensa de su identidad pública. “Por eso solicitamos al Poder Ejecutivo información relativa a este endeudamiento, que debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”, afirmó.

Específicamente, la diputada solicitó que el Ejecutivo informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo, que quiebran un estricto historial de cumplimiento de la empresa.

También requirió el detalle de los intereses generados por estos incumplimientos, que acarrean un costo financiero innecesario a afrontar implícitamente por los usuarios del servicio; y de los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de dicha deuda, que podrían llevar a la empresa a una virtual cesación de pagos.

Asimismo, García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31/5/2020, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), “ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”.